La mediación en España no es una fórmula improvisada ni una alternativa informal a los tribunales. Desde la aprobación de la Ley 5/2012, desarrollada por el Real Decreto 980/2013, existe un marco jurídico claro que regula quién puede ejercer como mediador, qué formación debe acreditar, cuáles son sus obligaciones y qué efectos tiene el acuerdo alcanzado. Aquella norma supuso un paso decisivo porque profesionalizó la figura del mediador, fijó principios esenciales como la voluntariedad, la imparcialidad y la confidencialidad, y otorgó seguridad jurídica a los acuerdos, que pueden adquirir fuerza ejecutiva si se formalizan adecuadamente.
El escenario ha cambiado con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025. Sin derogar el sistema anterior, esta ley refuerza los llamados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) y, en determinados asuntos civiles y mercantiles, exige acreditar que se ha intentado una vía extrajudicial antes de presentar demanda. No se impone llegar a un acuerdo, pero sí dar el paso previo de intentar resolver el conflicto fuera del juzgado. Esta diferencia es relevante porque transforma la mediación de alternativa voluntaria en requisito previo en muchos procedimientos, integrándola de manera estructural en el funcionamiento del sistema judicial.
En la práctica, esto implica que ciudadanos y empresas deben contemplar la mediación no solo como una opción recomendable, sino como parte del itinerario legal habitual ante un conflicto. El mediador continúa siendo un profesional neutral, debidamente formado, inscrito en registro oficial y sujeto a responsabilidad, pero su intervención adquiere ahora mayor peso estratégico. Comprender esta evolución normativa permite anticiparse, actuar con seguridad y gestionar los conflictos de forma más eficiente, combinando diálogo y garantías jurídicas dentro del marco legal vigente.
Se abrirá una nueva web con el calendario de opciones disponibles para agendar.
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